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Fincas Cos es la empresa inmobiliaria líder en Cataluña en la venta de masías, casas de campo, casas de pueblo, fincas rústicas, castillos y propiedades singulares, algunas de ellas auténticas joyas arquitectónicas, situadas tanto en el medio rural, como en la ciudad de Barcelona. Son más de 40 años de experiencia liderando el sector inmobiliario y ofreciendo propiedades exclusivas en todo el territorio catalán. Contamos con grandes profesionales expertos en el sector, multilingües y con un amplio conocimiento del mercado. Todo ello nos ha hecho obtener un gran reconocimiento de marca a nivel nacional e internacional.
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Muchos clientes que poseen una casa de campo en Andalucía cubren los gastos de funcionamiento de la misma alquilándola durante la temporada de vacaciones. Otros vinieron a semiretirarse y decidieron montar un pequeño B&B para compartir su experiencia de vivir en el campo con los clientes y al mismo tiempo proporcionarles unos ingresos. La Junta de Andalucía está promoviendo el turismo rural, pero las normas no siempre están claras para todos.
Recientemente, la Junta ha establecido límites para el alquiler de villas y casas privadas en zonas urbanas. Esto no debe confundirse con la legislación para el alquiler de propiedades en suelo rústico. También es necesario registrarse, pero la regulación es diferente.
Los tipos de alojamiento más comunes en el campo andaluz son la «Casa Rural» o B&B, donde las habitaciones se alquilan por noche y la «Vivienda turística rural», casas de campo, que se alquilan para vacaciones en régimen de autoservicio. Una Casa Rural se establece como un negocio propio y tendría que mantener los libros, mientras que el alquiler de su casa privada no es visto como un negocio, aunque usted tendría que declarar los ingresos por alquiler en su declaración de impuestos.
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En vísperas de las elecciones locales españolas de 2007, algunos de mis vecinos decidieron formar Levante Sostenible, un partido que defendía el desarrollo sostenible y una mayor transparencia en la administración de los ayuntamientos (alrededor del 50% de los 1.000 residentes de Bédar no son españoles, predominantemente ingleses). Uno de los temas del partido era el «acaparamiento de tierras». Al parecer, el acaparamiento de tierras estaba en nuestro propio patio trasero, con varios casos ya en litigio.
Como sé que la mayoría de la gente probablemente no irá tan lejos, aquí hay un breve resumen de la legislación urbanística española y su evolución. Pido disculpas de antemano al Sr. Tómas Ramon-Fernandez, el autor, si mi explicación en algunas partes en a veces una traducción literal. Este resumen es de suma importancia para entender algunos de los derechos y deberes fundamentales de los propietarios en España. Ayuda a explicar cómo la burocracia y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno -estatal, regional y municipal- así como los ministerios del gobierno central (Obras Públicas, Vivienda) han complicado a menudo una cuestión ya de por sí compleja. Y, por último, muestra que por muy bien pensadas o intencionadas que sean las leyes, la realidad posterior en el frente de ejecución del planeamiento ha sido a menudo muy diferente.
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La compra de una propiedad de reventa en España exige al comprador el pago de un impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP). El impuesto sobre transmisiones patrimoniales para la compra de una propiedad está regulado por la comunidad autónoma donde se encuentra la propiedad y no será el mismo en toda España.
Si el valor de la propiedad es inferior a 130.000 euros, el comprador tiene menos de 35 años y la propiedad será su residencia permanente, el impuesto de transferencia será del 3,5%. El mismo tipo se aplicará si el comprador tiene una discapacidad superior al 33% y el valor del inmueble es inferior a 180.000 euros.
Cuando el valor establecido por la administración es superior al declarado en la compra, la autoridad fiscal interviene y notifica al comprador las cantidades extra a pagar como si la venta se produjera por el valor estimado por la junta de Andalucía.
En este caso, el comprador tiene dos opciones: pagar la cantidad extra o recurrir, ya que los errores siempre son posibles, especialmente teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado inmobiliario. Busque asesoramiento profesional de un abogado.
